La universidad autónoma venezolana y su lucha por sobrevivir al socialismo del Siglo XXI.
Cinco propuestas para su rescate
Tulio Ramírez
Sociólogo (UCV), Abogado (UCV), Magister en Relaciones Industriales (UCAB), doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (UNED, España). Postdoctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación (UCV), profesor titular de la UCV, UPEL y UCAB, director del doctorado en Educación de la UCAB.
DOI: https://doi.org/10.36888/udual.universidades.2020.83.76
Resumen
Desde los tiempos coloniales la universidad venezolana ha mantenido relaciones tensas con el poder. Sin embargo, a pesar de que a lo largo de su historia ha sufrido los embates de las élites gobernantes, nunca la arremetida ha sido tan feroz y continuada como la de los gobiernos que llevan adelante desde 1998 el llamado proyecto del socialismo del siglo XXI. En este artículo se hace una panorámica de los fallidos intentos de tomar las universidades autónomas por el llamado gobierno revolucionario del socialismo del siglo XXI. De igual manera se elaboran un conjunto de propuestas para paliar la crisis de este subsistema educativo una vez superado el fallido experimento social liderado por Hugo Chávez Frías y heredado por Nicolás Maduro./p>
Palabras clave
Venezuela, universidad, autonomía universitaria, educación superior.
The Venezuelan autonomous universities and their struggle to survive the socialism of the 21st century. Five proposals for rescue
Abstract
Since colonial times, the Venezuelan universities have maintained tense relations with the political power; however, despite the fact that, throughout their history, they have suffered the onslaught of the ruling elites, this has never been as fierce and continued as that of the governments that have been carrying out the so-called “21st century socialism” project since 1998. This article gives an overview of the failed attempts to take autonomous universities for the revolutionary government of socialism of the 21st century. Additionally, this work presents a set of proposals to alleviate the crisis of this educational subsystem, once the failed social experiment, led by Hugo Chávez Frías and inherited by Nicolás Maduro, has been overcome.
Keywords
Venezuela, University, University Autonomy, Higher education.
A universidade autônoma venezuelana e sua luta para sobreviver ao socialismo do século XXI. Cinco propostas para seu resgate
Resumo
Desde os tempos coloniais a universidade venezuelana mantém relações tensas com o poder. Porém, apesar de que ao longo da sua história tem sofrido os ataques das elites governantes, o ataque nunca foi tão feroz e contínuo como o que vêm realizando os governos desde 1998, o chamado projeto do socialismo do século XXI. Este artigo fornece uma visão geral das tentativas fracassadas de levar às universidades autônomas pelo chamado governo revolucionário do socialismo do século XXI. Da mesma forma, se realizaram um conjunto de propostas para paliar a crise desse subsistema educativo uma vez superada a fracassada experiência social liderada por Hugo Chávez Frías e herdada por Nicolás Maduro.
Palavras chave
Venezuela, universidade, autonomia universitária, ensino superior.
Introducción
La riqueza petrolera y una joven democracia que apenas daba sus primeros pasos en 1958 fueron la combinación perfecta para hacer posible el surgimiento de un proyecto social que tenía como objetivo principal hacer de la educación de masas el mecanismo más expedito e idóneo para salir del atraso y proyectar para pocos años la consolidación de una clase media que dinamizaría no solo la economía venezolana, sino también la ciencia, las artes y las humanidades.
Con las dificultades propias de una sociedad que una mañana amaneció sin el dictador de turno, pero con el acoso permanente de quienes fueron desplazados del poder, sumado a la insurgencia armada de jóvenes inspirados en el éxito de la revolución cubana, se consolidó un sistema democrático de partidos en Venezuela que sembró de escuelas la geografía nacional, construyó una infraestructura importante de planteles para la educación media y propició la creación de nuevas universidades públicas y privadas para ampliar la oportunidad de estudio a grandes y diversos sectores de la población.
Todo este impulso a la educación se concreta para saldar una deuda acumulada con la sociedad venezolana, ayuna de oportunidades para salir de la pobreza y de la oscuridad de la ignorancia. Por supuesto, todo esto fue logrado gracias a una renta petrolera que se invirtió en áreas que permitieron mejorar el estándar de vida de los venezolanos. Un gran ejemplo de esta iniciativa con visión de futuro fue la creación del Programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho, el cual, bajo la gestión del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), envío con becas o créditos educativos a miles de jóvenes profesionales a formarse en carreras y cursos de postgrado dictados en las mejores universidades del mundo. Esto hizo posible que años después, Venezuela contara con un talento humano muy calificado que se hizo cargo de las actividades productivas que estaban en manos de profesionales extranjeros, como es el caso de la industria del hierro, el aluminio, el gas y el petróleo.
A partir de 1998 con el advenimiento al poder del Teniente Coronel retirado Hugo Chávez Frías comenzó un deterioro progresivo de la educación en todos sus niveles. El saldo después de 20 años de imposición del socialismo del siglo XXI es un sistema educativo inauditable, de baja calidad, con una organización anárquica por efecto de las Misiones Educativas, con fuga de profesores, investigadores y estudiantes que buscan mejores condiciones de vida en la región y con una percepción socialmente negativa de la pertinencia social de la educación en el país, otrora garantía de mejoramiento de la calidad de vida.
La universidad autónoma venezolana durante el gobierno chavista, una relación de amor fugaz y posterior odio
El sector universitario en Venezuela está profundamente deprimido en términos de su sobrevivencia institucional por el acoso y asfixia presupuestaria promovida por las élites que han gobernado al país desde 1998. Esta es la consecuencia de no haberse plegado de manera sumisa a las políticas y lineamientos para la educación superior diseñados desde los gobiernos presididos por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Entre ambas administraciones y la universidad autónoma venezolana ha habido una tensa relación desde los primeros días de la llamada Revolución Bolivariana.
Desde muy temprano, el acoso a estas universidades se hizo presente. Después de la elección de las autoridades rectorales que se llevó a cabo en casi todas las universidades autónomas para los primeros años del 2 mil, se comenzaron a suceder hechos violentos para crear climas de ingobernabilidad que pusieran en entredicho las gestiones que iniciaban su periodo. Se trató de hacer inviable la gestión de los nuevos gobiernos universitarios con la esperanza de que con el caos se pudiese acceder al gobierno universitario por la vía no electoral.
Ahora bien, un análisis objetivo de estas tensiones debe admitir que en las primeras de cambio hubo una suerte de luna de miel entre los sectores universitarios y el gobierno socialista entrante. En los años iniciales del gobierno de Chávez, el ministerio que dirigía los asuntos universitarios procedió al diseño de unas políticas que anunciaban buenos tiempos para el sector universitario (Graffe y Ramírez; 2010). Algunas de ellas fueron: a) estructurar el sistema de educación superior y sus instituciones, propósitos y niveles para lograr su articulación y reciprocidad y mecanismos de transferencias; b) elevar la calidad académica de las instituciones y mejorar su eficiencia institucional; c) mejorar la equidad en el acceso y en el desempeño de los estudiantes; d) lograr una mayor pertinencia social de la educación superior en los distintos ámbitos territoriales; e) lograr una mayor interrelación de las instituciones con las comunidades de su entorno y; f) promover y fortalecer la cooperación nacional e internacional entre las instituciones de educación superior (Ministerio de Educación Cultura y Deportes, 2001).
Puede observarse cómo, a nivel de políticas públicas, el gobierno generó expectativas de fortalecimiento del sector. Esto, aunado a la devolución del Jardín Botánico a la Universidad Central de Venezuela –zona perteneciente originalmente a esta universidad y tomada por el gobierno del doctor Rafael Caldera a partir del allanamiento a esta institución en 1970– y a la concesión de un pozo petrolero a esta universidad para que con su explotación se generaran recursos adicionales al presupuesto ordinario, crearon un ambiente de colaboración mutua que, a los pocos años, degeneró en un acoso implacable por parte del gobierno.
Para el año 2001, apenas dos años posteriores a la asunción de la presidencia de la república por el Teniente Coronel retirado, Hugo Chávez Frías, se llevó a cabo la toma violenta de la sede del Consejo Universitario del principal centro de estudios superiores en el país, la Universidad Central de Venezuela (UCV). El objetivo fue destituir a las autoridades legítimamente electas y sustituirlas por autoridades ad hoc.
A pesar de las reiteradas solicitudes de las autoridades rectorales al presidente de la república y a poderes públicos como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General para que cesara esta toma violenta, se obtuvo como respuesta un silencio cómplice, además del apoyo logístico a los protagonistas de la toma con comida, bebidas y fuegos pirotécnicos que de manera poco disimulada llevaban en vehículos gubernamentales en altas horas de la noche hasta la sede donde se encontraban estos.
Este ataque fue quizás el más emblemático de esos años por tratarse de la primera casa de estudios del país, pero otras universidades autónomas como la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad de Carabobo (UC), la Universidad de los Andes (ULA) y la Universidad de Oriente (UDO) sufrieron ataques con el objetivo de hacer insostenible el ejercicio rectoral. Pese a estos ataques, estas universidades se mantuvieron incólumes y no permitieron que se alterara el orden institucional. Finalmente, en Caracas, la sede del Consejo Universitario de la UCV fue desalojada por los estudiantes; luego de 3 meses de toma, la presión de profesores y estudiantes, que de manera conjunta decidieron plantarse en los predios del edificio rectoral, logró que los sediciosos depusieran su actitud y desalojaran el recinto, lo cual se concretó de manera pacífica, no sin antes hacer demostraciones de fuerza con disparos al aire como símbolo de victoria.
Años después, y como consecuencia del paro cívico que se llevó a cabo como respuesta a la destitución de la alta gerencia de la principal industria petrolera del país (Petróleos de Venezuela-PDVSA), se acentuó el acoso a las universidades autónomas por mantener una postura, si no de apoyo evidente, por lo menos de no rechazo a las acciones antigubernamentales de los sectores opositores.
Luego de la fracasada toma de la sede del Consejo Universitario de la UCV se llevaron a cabo otros intentos de hacerse con las más prestigiosas universidades autónomas del país. Uno de ellos fue a través de la vía judicial. La promulgación de la Ley Orgánica de Educación en el año 2009 generó las condiciones para impedir la renovación de autoridades universitarias por vía electoral en aquellas universidades que por su estatus de autonomía podían organizarlas de acuerdo a sus reglamentos internos. El numeral 3 del artículo 34 de la mencionada ley viola de manera flagrante el artículo 109 de la Constitución Nacional al alterar la conformación de la comunidad universitaria e incorporar con igualdad de derechos electorales a la masa de empleados y obreros y a la totalidad de los estudiantes. Evidentemente, la intención era lograr por vía electoral lo que desde el año 2001 intentaron por la fuerza (Rodríguez, 2019).
Observemos ambos artículos para visualizar la inconstitucionalidad del numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación (LOE):
Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento… (Numeral 3, Art. 34, LOE, 2009, negritas nuestras).
Ahora observemos el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
Artículo 109. El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, estudiantas (Sic), egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación… (CRBV, 1999, negritas nuestras).
Desde una interpretación literal de la norma es evidente la inconstitucionalidad del literal 3 del artículo 34 de la LOE. La alteración de la comunidad universitaria, de acuerdo a López y Hernández (2013), tiene un claro objetivo político, el control de las universidades autónomas por la vía electoral en la confianza de que los sectores administrativos y obreros, así como la totalidad de los estudiantes votarán masivamente por los candidatos oficialistas. Para estos autores, “el problema consiste en la alteración de la conducción de las instituciones en un universo en el cual los académicos se encuentran en franca minoría…” (López y Hernández, 2013, 139). Ante esto, el 10 de octubre de 2009, once rectores introducen ante la Sala Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad por inconstitucionalidad de la LOE.
Para el año 2011 con base al artículo 34 de la LOE, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar una solicitud de amparo cautelar solicitado por un grupo de profesores contratados, instructores, empleados, obreros (no forman parte del claustro universitario) y algunos estudiantes, en contra del reglamento electoral que norma las elecciones para decanos que se realizarían en ese año. El Tribunal concede el amparo y ordena a las autoridades universitarias, al Consejo Universitario y a la comisión electoral de la UCV elaborar un reglamento electoral acorde con el artículo 34 de la LOE.
Desde el 2009 a julio de 2019 la Sala Electoral ha emitido más de 60 sentencias que impugnan toda elección universitaria que se haya organizado o realizado desacatando el referido artículo 34 de la LOE. Esto se ha convertido en el nudo gordiano que impide la normalidad del desarrollo institucional de las universidades que eligen sus autoridades. Paradójicamente, en aquellas universidades controladas por el gobierno, por no tener la cualidad de ser autónomas, no se han impulsado los mecanismos electorales que se les exige a las universidades consideradas enemigas. En estas instituciones controladas férreamente por el gobierno, sus autoridades son designadas o destituidas por un mero acto administrativo del ministro de turno, lo cual indica que la exigencia de democracia participativa solo es aplicable a aquellas instituciones que histórica y constitucionalmente tienen el derecho y la cualidad de elegir sus autoridades de acuerdo a sus propios reglamentos electorales.
En agosto de 2019 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revivió el caso de las elecciones universitarias y sentencia sobre la cautelar introducida por los rectores junto con el recurso de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 34 de la LOE (Sentencia 0324 del 27.08.2019). El TSJ en esta sentencia ordena a las autoridades de la UCV que en un lapso de seis meses organicen las elecciones de acuerdo a los estipulado en el artículo 34 de la LOE impugnado. De no organizarse esas elecciones bajo esos criterios, las autoridades universitarias serían destituidas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU). De acuerdo con el pronunciamiento hecho por el doctor Manuel Rachadell, ex consultor jurídico de la UCV y coautor del recurso interpuesto por los rectores en 2010, el TSJ incurre en el vicio de extrapetita al pronunciarse sobre una medida no solicitada por el recurso introducido ante ese tribunal en el 2010 (Rachadell, 2019). Esta sentencia pareciera la estocada final a la autonomía universitaria.
La creación de universidades paralelas, el aumento de la matrícula como bandera política y el desconocimiento de competencias autonómicas de las universidades nacionales
Paralelamente a toda esta política de acoso por vía violenta y judicial desplegada desde los primeros momentos de la revolución, el presidente Chávez se volcó a la creación de nuevas universidades bajo el control férreo del gobierno y sin un ápice de autonomía. Si no podía controlar la universidad autónoma era el momento de crear las instituciones necesarias que permitieran adelantar su política de control total de todas las instituciones.
Así se completaba el diseño de un circuito escolar paralelo al institucional que comenzó con las Misiones Robinson I y II, creadas en 2003 y 2004 respectivamente, como estrategia política para contrarrestar el referendo revocatorio contra el presidente Chávez. Su objetivo era alfabetizar (Robinson I) y otorgar un certificado de educación primaria de manera exprés acreditando experiencia (Robinson II), para luego pasar a la Misión Ribas quien otorgaba títulos de bachiller después de cursar por 2 años en instalaciones ad hoc y con facilitadores que atendían los fines de semana.
Los egresados de la Misión Ribas no contaban con las mínimas competencias para cursar una carrera universitaria. Pero había que completar el circuito y para ello, en 2004, se creó la Misión Sucre (MECD, s/f) cuyo objetivo fue formar profesionales titulados por universidades controladas por el gobierno y con currículos diseñados en la sede ministerial (Planes Nacionales de Formación, también llamados PNF) y no por las universidades. Estas solo se limitaban a administrar estos PNF (MECD, 2008).
Si bien las nuevas universidades formaban parte del subsistema formal de educación superior, la Misión Sucre se estructuró como un subsistema paralelo que bajo el lema de “la inclusión de los más pobres y de quienes fueron excluidos por la universidad elitista y tradicional” (léase, las autónomas), terminó por captar buena parte de los bachilleres egresados de la Misión Ribas y de los bachilleres que constituían la “población flotante”, es decir, aquellos que se graduaron en años anteriores y que no habían podido ingresar a la educación superior por diferentes razones.
Así que existió un doble propósito, por una parte, ampliar el número de universidades controladas por el ministerio respectivo y cuya oferta de carreras y cupos se hacía bajo la premisa de no aplicar ningún tipo de mecanismo de selección; y, por la otra, crear un subsistema paralelo bajo control del gobierno nacional. Estas nuevas instituciones no han sido evaluadas por entes independientes externos, es imposible tener acceso a los currículos y su personal docente no ha sido seleccionado por concursos abiertos de oposición, ni se tiene conocimiento de los mecanismos de ascenso en el escalafón académico, por lo que en el ambiente universitario se presume que tienen dudosa calidad académica.
El abultamiento de la matrícula en la educación universitaria fue el resultado inmediato de estas medidas. De acuerdo con Medina y Graffe (2008), desde 2002 a 2006 pasó la cobertura en educación superior de 28.39% a 37.89%, lo cual representa un incremento importante. Este incremento se evidenció aún más en los años posteriores. Las Memorias y Cuenta del Ministerio dedicado a la educación superior (en 19 años este ministerio ha sido objeto de diferentes denominaciones) indican que desde el 2002 al 2014 se incrementó la matrícula de 881,501 estudiantes a 2,620,013, un 297%, el más alto porcentaje de crecimiento en la región latinoamericana en tan poco tiempo (Uzcátegui y Bravo, 2015).
Ahora bien, tal incremento no necesariamente se ha traducido en calidad académica. Mucho y variado ha sido el cuestionamiento a carreras como la de medicina integral comunitaria. De acuerdo a expertos como el doctor Rafael Muci-Mendoza, individuo de número de la Academia Nacional de Medicina, los egresados no han mostrado las competencias que se requieren para el ejercicio de la medicina. En unas declaraciones dadas al Diario El Impulso, el doctor Muci-Mendoza expresó:
Como parte de esta estrategia destructiva e innoble, en la Universidad Bolivariana, sin facultad de medicina conocida se crearon estudios médicos improvisados y paralelos con producción masiva, cuyo pensum es deficiente y similar al de carreras similares que se cursan en Cuba, con un alto contenido ideológico, diseñados a espaldas del Consejo Nacional de Universidades y confiados a la Misión Médica Cubana (https://www.elimpulso.com/ 21 de enero de 2014).
Para 2018, instituciones de elevado prestigio en el tema de la salud como la Federación Médica de Venezuela, la Academia Nacional de Medicina, la Universidad Central de Venezuela y la Red de Sociedades Médicas de Venezuela se pronunciaron a través de un comunicado público sobre la pretensión del Ministerio de Salud de permitir que los médicos integrales comunitarios desplacen a los médicos cirujanos formados en las facultades de medicina de las universidades autónomas para realizar labores clínicas, ya que no “tienen la formación requerida para ello”. En alguna parte de ese comunicado podemos ver:
Resulta un fraude a la Nación y a los propios Médicos Integrales Comunitarios, desplazarlos de las tareas de salud comunitaria para los que fueron entrenados, a cumplir y desarrollar actividades clínicas asistenciales, sin haber recibido la formación básica requerida ni adquirido las competencias diagnósticas y terapéuticas necesarias, para el ejercicio profesional, con el falso argumento de solucionar el grave déficit de profesionales, altamente calificados para la atención especializada de problemas complejos de salud, situación que ha ocurrido en los últimos años, como consecuencia de la migración masiva de profesionales de la salud (2018).
Lo lamentable, tal como lo señala el doctor Muci-Mendoza, es que esa oferta académica generó una expectativa en miles de jóvenes, quienes asumieron que al graduarse podían tener las competencias requeridas para ejercer en los mismos términos que los egresados de las reconocidas facultades de medicina existentes en el país. Hoy día son más de 300 mil médicos integrales comunitarios los encargados de buena parte de los servicios hospitalarios en Venezuela. Es de hacer notar que el Colegio Médico de Perú no permite su inscripción en el gremio.
Quizás el punto más álgido de estas tensiones se presentó cuando los postgrados de medicina de las universidades autónomas se negaron a aceptar solicitudes de los médicos integrales comunitarios dada su precaria formación médica, cuestión que se evidenció en los exámenes de admisión. Ante esta negativa, un grupo de médicos integrales comunitarios interpuso un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia y este, en breve tiempo, sentenció como inconstitucional la medida de no aceptarlos y ordenó el ingreso directo (sin exámenes de admisión) de estos profesionales. No hay datos oficiales, pero las informaciones emitidas por los postgrados de manera extraoficial es que una vez admitidos fueron muy pocos los que pudieron culminar estos estudios. Palabras más, palabras menos, es claro que con esta sentencia se desconoce una vez más la autonomía académica de las universidades nacionales en cuanto a decidir los mecanismos de selección e ingreso para cursar los estudios de postgrado.
Así como fue creado el Plan de Formación de Medicina Integral Comunitaria, sin participación de las facultades de medicina, se han creado más de 40 Planes Nacionales de Formación en diversas carreras. Los planes de estudio, tal como lo expresamos en líneas anteriores no son elaborados por las universidades, estas solo se limitan a administrarlo. Es el Ministerio en materia universitaria quien tiene la potestad de elaborarlo, modificarlo o eliminarlo. Las universidades nacionales y autónomas siempre se han negado a impartir estos planes de formación en virtud de que su mera administración sin posibilidades de intervenir en su diseño violenta la autonomía académica de estas instituciones. Por supuesto, como era de esperarse, esta negativa agudizó más el conjunto de tensiones con el gobierno nacional.
El gobierno, vista esta realidad, decidió allanarles el camino a los egresados de los Planes Nacionales de Formación para pregrado y creó los Planes Nacionales de Formación Avanzada (PNFA), los cuales no son más que postgrados creados con las mismas características que los PNF. Es bueno destacar que en lo que respecta a la carrera de medicina, la creación de ese PNF violenta el artículo 85 de la Constitución Nacional en cuanto a que el Estado, “en coordinación con las universidades y los centros de investigación promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales, técnicos y técnicas y una industria nacional de producción de insumos para la salud….” (CNRBV, Art. 85).
Así se construyó un subsistema de educación superior paralelo o superpuesto al subsistema existente, donde los criterios de calidad, productividad académica y meritocracia ceden espacio a criterios más ligados a la lealtad y a los valores asociados a la doctrina del socialismo del siglo XXI. De hecho, en el Plan de la Patria 2013-2019 la misión que se le asigna a la educación en todos sus niveles y modalidades es la que se identifica con el objetivo 2.1.1 que establece como norte “Preservar los valores bolivarianos liberadores, igualitarios, solidarios del pueblo venezolano y fomentar el desarrollo de una nueva ética socialista”. Así, una de las estrategias para el logro de ese objetivo se expresa en el objetivo específico 2.4.1.4 y tiene que ver con “adecuar los planes de estudio en todos los niveles para la inclusión de estrategias de formación de valores socialistas y patrióticos”. Esta es la misión que se le exige a la educación, esto nos permite comprender tanta saña con las universidades que tienen como principio de su ethos el ser plurales, críticas, abiertas a todas las corrientes del pensamiento, autónomas y profundamente democráticas.
Menos artículos, menos producción de ciencia
Mientras el acoso judicial a las universidades autónomas continúa, los efectos del estrangulamiento presupuestario generan un empeoramiento de las condiciones de trabajo de los profesores universitarios. Los sueldos que reciben los docentes no permiten un nivel de vida medianamente decente. Este es uno de los factores para que muchos profesores formados con becas y recursos del Estado hayan tomado la determinación de abandonar el país en busca de oportunidades que permitan la continuación de su carrera académica en condiciones más auspiciosas. Pero la diáspora no solo incluye a los docentes.
La sistemática pérdida de profesores e investigadores formados en las más prestigiosas universidades del mundo, así como el abandono de estudiantes regulares, sugieren un panorama de desolación nunca antes visto en nuestras casas de estudio. Por otra parte, la casi inexistente infraestructura investigativa de las universidades y centros de investigación por la falta de recursos explican una cada vez menor producción de artículos científicos publicados en revistas de alto impacto, así como una reducción drástica de inscripción de patentes en Venezuela (Bravo y Uzcátegui; 2019).
Es difícil conocer el número exacto de profesores universitarios que han partido del país, ya que el número de renuncias no es el indicador más confiable. Han sido cada vez más frecuente las solicitudes de permisos no remunerados que se renuevan cada vez que se vencen. Esto oculta la cifra real de la diáspora profesoral.
Tradicionalmente, la investigación científica y tecnológica se concentraba en las universidades nacionales y autónomas del país. El 80% de esta producción era generada por este sector. Eso lo evidenciaba el número de patentes y artículos científicos elaborados por docentes de estas instituciones. Esta producción ha mermado a partir de 2010. Si bien hay que admitir que esta producción tuvo un incremento de 1998 a 2010 del 113% (de 998 en 1998 se pasó a 2,376 en 2010), a partir de esta fecha se evidencia un significativo decrecimiento. Esta drástica disminución se puede explicar por varios factores que confluyeron en esa época. Uno de ellos fue la desaparición del Programa de Promoción al Investigador (PPI) el cual suponía otorgar un bono de productividad a los investigadores; otro fue la poca capacidad de adquisición de insumos para la investigación por falta de recursos en las universidades. La gráfica que se presenta a continuación, construida sobre la base de los datos aportados por Scimago (Alimentada por la Base de Datos de SCOPUS) evidencia tal decrecimiento (ver gráfico 1).
Gráfico 1. Producción de artículos científicos Venezuela 1998-2019
Al analizar los mismos datos desde otro punto de vista, para 1998 Venezuela contribuía con 4,7% a la producción total de artículos científicos de América Latina y el Caribe. Sin embargo, las erradas políticas económicas y el despilfarro de la bonanza petrolera, sumado a una política de estrangulamiento presupuestario contra las universidades que no se dejaron doblegar por los dictados del ejecutivo, han sumido a la universidad venezolana en una crisis de tal magnitud que ha puesto en peligro su existencia misma como institución. Para 2015, 17 años después, Venezuela solo contribuyó con menos del 1% de los artículos científicos generados en la región (Ramírez y Salcedo; 2015; 2016). Las cifras para 2018 no mejoraron, el gráfico 2 muestra los datos de este declive (ver gráfico 2).
Gráfico 2. Aporte porcentual de Venezuela al total de producción de artículos científicos de América Latina y el Caribe. 1998-2019
El acoso por vía de los recortes presupuestarios a las universidades nacionales autónomas y a las que no han querido plegarse de manera sumisa a los dictados del gobierno ha conseguido mermar sus capacidades presupuestarias de manera recurrente desde el año 2007, cuando el gobierno nacional decidió “reconducir” los presupuestos de estas casas de estudio. Así, un presupuesto que no se ha incrementado, en un contexto hiperinflacionario, ha impedido a las universidades mantener el nivel de productividad de hace 12 años.
La pérdida de los recursos profesorales e investigadores formados en las más prestigiosas universidades del mundo y la casi inexistente infraestructura investigativa de las universidades y centros de investigación hará que, más temprano que tarde, nuestras universidades desciendan de manera vertiginosa en los rankings internacionales.
Cinco propuestas para rescatar el sistema universitario venezolano
El modelo del socialismo del siglo XXI ha llevado a la economía venezolana al desastre total. Han cerrado las empresas, se ha destruido la infraestructura productiva estatal, la hiperinflación destruye la capacidad adquisitiva de los trabajadores, la delincuencia ha convertido al país en uno de los más peligrosos del mundo, la salud está en un estado calamitoso y la diáspora de miembros de todos los sectores sociales, está vaciando al país. Solo hay que observar los resultados de la última encuesta sobre condiciones de vida realizada por la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Simón Bolívar. Este estudio independiente develó que la pobreza creció el 10% en tres años, que el 90% de los venezolanos no tienen ingresos suficientes para comprar alimentos y que la esperanza de vida es 3.5 años más corta. Quizás uno de los datos más preocupantes es el que indica que el 80% de la población presenta un rasgo de inseguridad alimentaria, ya que la pobreza multidimensional creció 10 puntos en 2018 ubicándose en un 51%, todo ello en un país que tuvo un desplome de 37% de su PIB entre 2012 y 2017 (ENCIOVI, 2019).
En estas circunstancias hacer planes y diseñar estrategias para mejorar la educación superior es casi un ejercicio inútil, ya que el gobierno chavista no tiene en su horizonte la más mínima intención de discutir temas relacionados con la mejora del país y la educación universitaria. Por otra parte, los actores interesados en estos debates tienen las manos atadas para implementarlos. Sin embargo, en el entendido que la viabilidad política del gobierno del socialismo del siglo XXI, está en entredicho por los resultados anémicos de su gestión, se hace necesario colocar sobre la mesa propuestas que, una vez cambien las condiciones políticas del país, puedan implementarse para sacar a la educación superior del estado en que se encuentra.
Las propuestas de soluciones a los problemas de la universidad venezolana han sido de una variedad extrema. El hecho de partir de un diagnóstico sobre el cual no ha habido grandes divergencias ha permitido que también hayan surgido grandes coincidencias en la prescripción de las soluciones que se requieren. Así, el mejoramiento de la calidad de vida de los profesores universitarios, la reposición de equipos tecnológicos obsoletos, el aumento y mejora de las providencias estudiantiles y el aumento de recursos para la investigación son puntos de coincidencia en casi todas las recomendaciones para soliviantar la crisis en el sector. Sin embargo, nos aventuramos a terciar en esta discusión con algunas propuestas que hemos debatido en diversos escenarios y han generado interesantes polémicas.
1. Derogar de manera inmediata el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación por inconstitucional
Hay que desbloquear los procesos autónomos de elección de autoridades. La situación actual de las universidades autónomas en cuanto a la renovación de sus autoridades por la vía electoral se encuentra estancada desde el año 2010 en el que fue aprobada la Ley Orgánica de Educación (LOE).
Está demostrado que el artículo 34 de la LOE es inconstitucional. Es por lo que proponemos la reforma parcial de la vigente Ley Orgánica de Educación en su artículo 34 con el fin de ajustarlo a lo establecido en el artículo 109 de la CRBV. Tal reforma se propone ante la Asamblea Nacional en virtud de lo establecido en los artículos 203 y 218 en cuanto a la potestad del poder legislativo de modificar las leyes orgánicas a través de reformas totales o parciales.
Sin embargo, estamos conscientes que esta propuesta debe ir acompañada de fórmulas que permitan a las comunidades expresarse. En tal sentido, proponemos que en aras de la autonomía universitaria cada universidad decida a través de su claustro el régimen electoral que mejor exprese el sentir de la respectiva comunidad. Por ejemplo, si una universidad decide incorporar al claustro para elección de autoridades a los empleados y obreros, o una porción de ellos, pues debe fijarse en su respectivo reglamento electoral. Esto supone dar primacía al reconocimiento constitucional de la autonomía universitaria por sobre cualquier norma de rango inferior.
2. La Autonomía debe ser la regla y no la excepción
Una universidad sin goce de autonomía es solo un proyecto de universidad. La vida académica debe desarrollarse libremente para dar paso a la creatividad y al libre debate de las ideas. Una universidad tutelada por confesiones religiosas o políticas es una universidad atada a la voluntad de quien ejerce el tutelaje, sea una iglesia, una doctrina política con pretensiones de supremacía moral y académica o un gobierno que castiga la disidencia. En muchas de nuestras universidades experimentales no autónomas se ha entronizado la voluntad del gobierno en las decisiones académicas. Esto ha impedido el crecimiento de estas instituciones, amén del flaco favor que se le hace a su credibilidad en el mundo académico nacional e internacional.
Proponemos hacer una evaluación exhaustiva de las universidades y demás instituciones de educación superior (IES) en el país, con miras a otorgar la autonomía a aquellas casas de estudio que reúnan los requisitos establecidos para ello. El Sistema Nacional de Acreditación de las Instituciones de Educación Superior podrá ser el órgano para realizar esta evaluación. Seguros estamos de que no será un proceso fácil y que generará reacciones en contra, sobre todo, de aquellas IES que fueron creadas, no para enriquecer el mundo académico, sino para formar y controlar cuadros políticos. No será tampoco un proceso rápido ni expedito, pero mientras más temprano se comience a evaluar, más rápido se regularizará la situación de un sistema hasta ahora anárquico y dirigido bajo premisas partidistas.
3. Creación de un Sistema Nacional de Acreditación de las Instituciones de Educación Superior
El nuevo gobierno se topará con un sistema de educación superior que en rigor no es sistema. Las universidades nacionales, experimentales y demás instituciones de educación superior no mantienen interacción alguna, y mucho menos sinergia, entre ellas para lograr los altos intereses nacionales en cuanto a la formación de los talentos que Venezuela necesita, ni en cuanto al desarrollo de la ciencia y tecnología que el país requiere. Pero más allá de esta debilidad estructural, el gobierno nunca ha mostrado interés en el desarrollo, modernización y evaluación de estas instituciones.
En los últimos 15 años han proliferado universidades e institutos de variado tipo que nunca han sido evaluadas ni supervisadas por nadie. Sus currículos han sido denunciados por estar construidos, no con base a criterios científicos, pedagógicos ni técnicos, ni orientados hacia la formación de profesionales con los conocimientos más actualizados y novedosos de las disciplinas, sino más bien orientados a la formación ideológica y con sesgos importantes que excluyen cualquier conocimiento sospechoso de reaccionario o neoliberal.
Son más de 90 IES que deben ser evaluadas para encausarlas hacia formatos de calidad académica y actualización científica para que sus egresados posean elevados estándares de formación profesional y puedan incorporarse con ventajas competitivas en el mercado laboral nacional e internacional. Esta evaluación debería ser por subsistemas diferenciados. Al final, habría un ranking de universidades diferente al de los politécnicos, al de los tecnológicos y los colegios universitarios. Es decir, la comparación sería entre iguales para cada caso.
Lograr tal cometido pasa por la creación de un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior, conformado por expertos que determinen un ranking de IES en el país y, en función de ello, asignar los presupuestos necesarios para el funcionamiento eficiente de estas instituciones.
4. Hacia la diversificación del sistema de Educación Superior
Parte del populismo académico con ropaje reivindicativo fue convertir a todas las IES en universidades. Crear la ilusión de que todos tienen acceso a la universidad fue lo que fundamentó esta decisión, la cual, sin duda, respondió a una estrategia más política que académica.
Hay que restaurar un sistema de educación superior cuyos componentes se diversifican en función de la naturaleza de la oferta académica de cada institución y la titulación que otorgan. Así, en este sistema deben convivir universidades, politécnicos, tecnológicos y colegios universitarios. Todos deben tener la calidad suficiente para atender satisfactoriamente la demanda de un mercado de trabajo también diversificado que requiere talento profesional de diversa formación.
5. La homologación salarial en el primer paso de cada escalafón y la heterologación salarial en pasos horizontales en función de la productividad académica del profesor
Si se plantea en serio detener la diáspora de profesores universitarios, hay que comenzar por aumentar los salarios. Se entiende que esta no es una medida fácil, más cuando el flagelo de la hiperinflación acechará por un tiempo durante el periodo de la transición. Entendemos que las medidas anti hiperinflacionarias no suturan efecto inmediato, pero hay una realidad que amerita intervención urgente para frenar el deterioro vivido por la falta de profesores.
Proponemos eliminar la injusta homologación salarial previa evaluación de las IES y de la productividad de su personal docente. A cada quien según su productividad es la premisa. Dar a cada quien lo mismo con independencia de su productividad es perpetuar la ineficiencia e incentivar la economía de esfuerzo. En un país con vocación de salir adelante basado no solo de los recursos minerales, sino en su talento humano, se debe incentivar la cultura del trabajo y premiarlo de manera proporcional al esfuerzo invertido y a la productividad del mismo.
Proponemos, además de la revisión de los sueldos, combinar un esquema homologado para los primeros pasos de cada escalafón y un esquema heterologado en función de la productividad académica. Serían pasos horizontales en cada escalafón, por cada uno de estos se incrementaría el sueldo a partir de la productividad académica. El Sistema Nacional de Acreditación de las Instituciones de Educación Superior junto con las IES de cada subsector (universidades, politécnicos, tecnológicos y colegios universitarios) diseñarían los instrumentos más adecuados en función de las características de cada uno de ellos.
Conclusiones
La institucionalidad devastada por 19 años de gobierno abarcó al subsistema de educación superior. La decisión de denominar a todas las instituciones de educación superior como universidades no fue más que crear la ilusión en la población venezolana de un acceso a la universidad garantizado por un gobierno revolucionario e igualitarista. Tal acto demagógico desdibujó la verdadera naturaleza de instituciones que fueron creadas para formar profesionales universitarios, tecnólogos y técnicos a través de una oferta diversificada en función de las necesidades de mano de obra calificada en el país. Además de la creación de ese espejismo, se formó una mayoría controlada por el gobierno con nuevos rectores para tener una mayoría abrumadora en el Consejo Nacional de Universidades y poder aplastar con sus decisiones por aplanadora las posturas independientes y no sumisas de las universidades autónomas.
La desinstitucionalización del subsistema de educación superior ha generado mucho daño a este sector, de igual manera, las pretensiones de control político y partidista por parte de los ministros que han ocupado el despacho han agudizado las tensiones con las universidades autónomas, lo que perjudica enormemente el cumplimiento de sus funciones tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Universidades vigente en cuanto a contribuir a orientar al país con su doctrina.
Una vez verificado el necesario cambio de gobierno en Venezuela, sería de urgencia reunir a todos los actores interesados en el tema universitario para discutir las mejores fórmulas para superar las dificultades que impiden el mejor desenvolvimiento de unas instituciones, otrora altamente productivas y respetadas en el mundo académico internacional.
La universidad venezolana se recuperará, de esos estamos seguros, ella cuenta con la fuerza moral y el talento humano necesario para emprender esa hermosa tarea. En Venezuela los gobiernos autoritarios han llegado, pero no para quedarse. La universidad, por el contrario, cumplirá 300 años dando lo mejor de sí para el país.
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